¡Cogedme, que lo mato! (Opinión de J.Llopis sobre el castillo de Barxell)

Es un tipo clásico, que uno se puede encontrar cualquier noche en un bar de copas. Lo podríamos definir con el concepto del "chulo cobardón". Cuando este personaje tiene un encontronazo con algún compañero de barra, suele reaccionar con una inusitada violencia verbal y acompaña sus insultos con atronadoras amenazas de pasar a la agresión física. Su frase favorita es ¡cogedme, que lo mato! , una expresión puramente retórica dirigida sus amigos, con la que intenta encubrir su firme voluntad de amagar y no dar. El "chulo cobardón" suele salir indemne de estos incidentes nocturnos y, por alguna extraña habilidad, acaba estos follones sin llegar nunca a las manos. Cuando abandona el bar en busca de nuevas aventuras, les suele soltar a sus colegas otra frase igualmente imprescindible "menos mal que me habéis cogido, porque si no, le habría dado una paliza, que lo habría mandado al hospital".
El Ayuntamiento de Alcoy y la Conselleria de Cultura llevan más de una década practicando el ¡cogedme, que lo mato! con los propietarios del castillo de Barxell. Ambas administraciones se han pasado los últimos diez años amenazando a los propietarios de esta fortaleza con multas y expropiaciones, sin que estos se den por aludidos en ningún momento. El histórico edificio se cae a trozos, mientras la corporación municipal y la Generalitat Valenciana -las dos instituciones encargadas de velar por el patrimonio de los alcoyanos- devalúan el significado de la palabra ultimátum: las advertencias de acciones legales se suceden una tras otra, sin que se produzca ni la más mínima gestión efectiva.
Teóricamente, las cosas no deberían ser tan complicadas. La legislación en materia de patrimonio deja muy claro que ayuntamientos y gobiernos autonómicos pueden recurrir a la multa o a la expropiación cuando los dueños de un edificio declarado BIC desatienden su conservación, poniendo en riesgo su supervivencia. En el caso de castillo de Barxell, está diametralmente claro que sus propietarios (cuatro diferentes en menos de cinco años) no tienen ni el menor interés en impedir la ruina de esta histórica fortaleza del siglo XIII. Tras el fracaso de las amenazas y de los intentos de negociación, la Administración tiene toda la autoridad legal necesaria para buscarle una solución definitiva al problema. Una solución que, a la vista de la escasísima voluntad de colaboración de los dueños, pasaría casi obligatoriamente por la expropiación del inmueble para que fuera de titularidad pública.
A pesar de que la situación admite muy pocas interpretaciones, las instituciones públicas se empeñan en continuar por el estéril camino de los amagos y de las declaraciones periodísticas amenazantes. El PP batió todos los records en este sentido durante su etapa en el Ayuntamiento y el actual gobierno de izquierdas va camino de ello. Hay muy pocas explicaciones para esta extraña actitud y más, si pensamos que lo que está en juego es el futuro de uno de los escasísimos elementos patrimoniales valiosos que le quedan a esta ciudad.
Mientras las posibilidades de recuperar este edificio permanecen bloqueadas, empieza a crecer la sospecha de que los niveles de permisividad mostrados en el castillo de Barxell responden a unos motivos muy poco edificantes: el Ayuntamiento y la Generalitat temen las consecuencias políticas y económicas de un contencioso lleno de aristas, que acabaría desembocando en un largo y complicado pleito en los tribunales. Sin embargo y aún reconociendo la existencia de estos obstáculos, la Administración está moralmente obligada a intervenir de manera urgente y efectiva en el caso. Si persiste en su política de gestos gratuitos, estaría consolidando un impresentable espacio de impunidad para los propietarios de algo que, al fin y al cabo, es un bien de todos los alcoyanos.
Si en el próximo temporal de lluvias el castillo de Barxell se viene abajo y se convierte en un montón de cascotes, nuestros políticos serán los responsables finales del desastre. Para nada les valdrá recurrir en su defensa a las innumerables declaraciones públicas de condena y de advertencia con las que han llenado las páginas de los periódicos durante los últimos años. Para las crónicas futuras, quedará la convicción de que Alcoy perdió una de los últimos emblemas de su historia porque sus gobernantes se olvidaron de los hechos y se dedicaron a jugar con la palabrería: ¡Cogedme, que lo mato!

Javier Llopis