Cae una banda que ha expoliado al menos 14 yacimientos arqueológicos en Cáceres

La Guardia Civil detiene a siete personas, ya en libertad bajo fianza, y recupera 7.500 objetos, que eran vendidos a través de Internet

Siete extremeños detenidos, ya en libertad con fianza, y otros cuatro imputados por presuntos delitos de daños al patrimonio y venta de objetos arqueológicos, 7.500 tesoros históricos recuperados y el desmantelamiento de una red que operaba desde Extremadura dedicada al expolio de yacimientos y venta posterior de los hallazgos. Éste es el balance de la 'Operación Badía', desarrollada por el Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil en la región. Ha contado con la colaboración del juzgado número 1 de Trujillo, la Fiscalía de Cáceres y personal de la Consejería de Cultura, que ha elaborado los informes técnicos.
Dos de los siete detenidos están acusados además del presunto delito de receptación (compra) de los objetos expoliados. Los detenidos e imputados son vecinos de Navalmoral (4); Casar de Cáceres (1); Plasencia (2); Cáceres (1); Hinojal (2); y Monroy (1). En la actualidad, están en libertad provisional con fianza, según fuentes cercanas a estas personas. La primera vez que se supo de esta investigación en la ciudad trujillana fue el pasado jueves, cuando estas personas declararon ante el juez Javier Carreño.
Los agentes del Grupo de Patrimonio también han practicado hasta ahora seis registros domiciliarios. En estas inspecciones se han intervenido mapas topográficos con indicaciones de yacimientos, herramientas de limpieza de estos restos y material para su empaquetado y envío al extranjero, según el Ministerio del Interior.
Los miembros de esta banda, investigados por la Guardia Civil desde noviembre de 2009, utilizaban detectores de metales con los que recorrían zonas de interés arqueológico de la provincia de Cáceres. Se les ha intervenido diez de estos aparatos que les permitían encontrar con facilidad todo tipo de objetos metálicos como monedas, hebillas, puntas de flecha y botones. Según los investigadores, estos hallazgos proceden de distintas culturas, como romana y fenicia, entre otras.

Catorce yacimientos

En total, se han confirmado daños en catorce yacimientos situados en Ahigal, Puerto de Santa Cruz, Losar de la Vera, Santibáñez el Bajo, Jaraíz, Monroy, Trujillo y Talayuela. La Guardia Civil no ha facilitado la ubicación exacta de los enclaves para no atraer a más expoliadores. Matizan que algunos son muy conocidos por la ciudadanía.
Además del valor histórico de los objetos robados, la intervención de los ahora detenidos en las excavaciones ilegales ocasiona daños irrecuperables en un terreno ya removido, difícil de interpretar después para los estudiosos. Los técnicos de la Consejería de Cultura y Turismo han cuantificado los daños causados en los yacimientos durante la extracción de los restos en unos 140.000 euros.
Los acusados solían ir juntos a buscar con los detectores de metales por zonas de gran potencial arqueológico de la provincia cacereña. Acudían de noche con herramientas para excavar sabiendo que estaban realizando una actividad delictiva.
Los agentes han podido recuperar 7.500 de estos objetos. A pesar de ello, no se sabe cuántos tesoros de este tipo habrán conseguido con este método a lo largo del tiempo, ya que muchos han sido vendidos a coleccionistas de todo el mundo a través de una casa de subastas que operaba en Internet. Además, estas piezas no estaban catalogadas. Por tanto, fuentes de la investigación reconocen que no saben qué cantidad ha salido al mercado.
Según han podido comprobar los agentes, una vez confirmada la operación de compraventa, la banda enviaba los objetos a los compradores a través de correo postal ordinario certificado o de una empresa de mensajería.
La operación aún continúa abierta. En ella trabajan conjuntamente la Sección de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil y el Seprona, además de otras unidades de la Benemérita.
La legislación sobre patrimonio histórico prohíbe la búsqueda de restos arqueológicos sin autorización y establece que los hallazgos de forma casual han de ser entregados a las administraciones.