Un Copenhague valenciano en la gestión arqueológica

14/1/10 .- http://www.levante-emv.com

La convocatoria del I Congreso Modelos de Gestión del Patrimonio Arqueológico en el siglo XXI, organizado por la nominal jefe del Servicio de Patrimonio Arqueológico de la conselleria del ramo, Consuelo Matamoros, con la intención confesa de cotejar las ópticas de los distintos operadores implicados en la gerencia del patrimonio arqueológico, tales como las administraciones en sus distintos niveles, empresas públicas y privadas (sic), obvia desde el principio a los departamentos universitarios y a los arqueólogos profesionales liberales.
Evento que debiera ser saludado, de entrada, como una meritoria iniciativa cultural en este segmento específico del patrimonio cultural, si no fuera por la falta crónica de desarrollo reglamentario de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (Ley 4/98) y sus posteriores modificaciones, leyes 7/2004 y 5/2007. Produce perplejidad si nos atenemos a la inédita hoja de servicios en esta materia, manifestada hasta ahora por la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano.
En este orden de cosas, no está de más recordar como esta "rara avis" congresual sobre los entresijos gerenciales de la actual arqueología valenciana, no deja de contar con el precedente de las Jornadas de l'Alfàs del Pi de 1994, en las que, bajo los auspicios de la arqueóloga Rosa Enguix, se trazaron las líneas maestras de nuestra arqueología de entonces, con aportaciones sobre la irrupción de la figura del arqueólogo "profesional" o las más recientes (2008) jornadas organizadas por la Sección de Arqueología del C.D.L., tituladas "Las relaciones institucionales y sociales de la Arqueología en la Comunidad Valenciana. Tiempo de soluciones".
Reunión que puso de manifiesto no sólo limitaciones materiales tales como la ausencia de convenio colectivo de los arqueólogos vernáculos, sometidos al del sector del ladrillo, sino también la proliferación de mercantiles arqueológicas como Arpa Patrimonio, Arx o Semar, S. L., en el día a día de las excavaciones de urgencia.
Asimismo la programación diseñada para este nuevo simposio apuesta implícitamente por un modelo de sufragio pecuniario privado y tramitación gubernativa, de corte neoliberal, soslayando la existencia de otros modelos basados claramente en la apuesta por el servicio público como el operador francés INRAP, que se ocupa de los trabajos arqueológicos de emergencia, mientras que la calidad científica de los mismos, la fiscalización y redistribución de la tasa arqueológica es asegurada por la propia administración.
Así, en consonancia con el pensamiento "débil" post-moderno denunciado por Alan Sokal, en ausencia de métodos eficaces aplicados a la corriente burocracia de oficio y donde prima el "todo vale", encuentran precisamente su interés la administración; las promotoras y las S.L. arqueológicas, a las que nada se reclama si en una prospección se ha pasado por encima de un yacimiento que nadie vio.
A modo de corolario y de acuerdo con el aforismo de que "lo que no son pesetas, son puñetas", los márgenes auténticos del modelo de papeleo actual y de la inexistente planificación arqueológica de la Conselleria de Cultura quedan desvelados por la realidad de las anoréxicas consignaciones presupuestarias de la Generalitat Valenciana para la recuperación del patrimonio histórico, que a modo de ejemplo en el ejercicio del año 2005 apenas incorporaba 95.000 caquécticos euros destinados a financiar intervenciones arqueológicas (Código línea T1617000). Cifra inicua si se compara con el millón de euros invertidos por la empresa municipal AUMSA en una sola excavación, la del célebre, por un día, parking de la calle Ruaya (Levante-EMV, 16-06-08 y 17-07-08).
Por todo ello, parece inevitable tener en cuenta las nuevas realidades profesional y de financiación de la arqueología, consolidadas al albur de la legislación vigente. El modelo de cotización económica privada imperante puede ser discutible, pero no es ni bueno ni malo en sí mismo, siempre y cuando no se pierda de vista que el promotor no puede ser garante de la calidad de los trabajos arqueológicos. En la coyuntura actual los resultados científicos dependen de las leyes del mercado, y no de un Consejo Asesor; de los caudales de la promotora y no de la redistribución que debiera ejercer una administración en función de objetivos previamente definidos sobre qué tipo de conocimiento del pasado quiere obtenerse.
Por consiguiente, si estas anunciadas Jornadas pretenden ser algo más que un Copenhague patrimonial valenciano, las conclusiones de las mismas deberían dar respuesta a una serie de cuestiones capitales.
Ontológicas: ¿Cuál es la realidad objetiva a la que debe atender la Gestión de la Arqueología? ¿Cuál es la función de ésta en la investigación, en la prevención frente a posibles destrucciones, en la definición, protección y acrecentamiento del patrimonio cultural?
Epistemológicas: Relativas a cómo se obtiene conocimiento útil para poder administrar el legado arqueológico en condiciones de eficiencia, esto es estrategias y protocolos normalizados.
Sobre la sociología del conocimiento: ¿Qué clase de conocimientos deben incrementarse, qué partes del territorio merecen un mayor análisis, qué periodos cronológicos deben ser objeto de una incentivación?
Ética y compromiso social: ¿Qué tipos de investigación debe incentivar la sociedad valenciana y sus organismos representativos, subvencionar o financiar con fondos públicos o dejar a la iniciativa privada?

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