Las Cortes de Castilla-La Mancha modifican la Ley regional de patrimonio histórico

Rechazada la enmienda a la totalidad del PP, que cree que intenta introducir "un fraude de ley" y se hace por la Vega Baja de Toledo


Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron ayer, con los votos a favor del PSOE y en contra del PP, la modificación de la Ley 4/1990 de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, que introduce dos nuevos artículos que habilitan a la Administración regional a la ejecución subsidiaria. Previamente, la mayoría socialista rechazó la enmienda a la totalidad del Partido Popular a la Proposición de Ley.



En su intervención, el diputado del PP, César Gómez Benayas, criticó que con la modificación propuesta se intente introducir "un fraude de ley a la propia ley" y al artículo 21, orientado a la ejecución de obras en zonas con restos arqueológicos. La "ley-párrafo", como la denominó, se hace a través del PSOE para que "no pase por el Consejo Consultivo" y es algo "infumable".
Insistió en que la Proposición es "una barbaridad jurídica al margen de que el artículo se entienda mejor o peor" porque, a su juicio, está "mal redactado" y las intenciones reales del artículo "no se ponen en la ley" por lo que, advirtió, va a llevar a una cantidad "ingente" de recursos.
Tras criticar que el director general de Patrimonio y Museos, Enrique Lorente, sea también concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo, porque es algo que "no se puede compaginar", recalcó que con esta modificación se pretende perjudicar no a un alcalde, el de Toledo, sino a una ciudad.
Por eso, insistió en que es pretencioso "llamar a esto una ley" porque realmente "estamos estudiando un párrafo", ya que al artículo 21 de la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha se le añaden dos apartados, y en uno se hace referencia a que en las parcelas donde existan restos arqueológicos hay que hacer estudio previo a la concesión de la licencia, especialmente si los hay en la colindante, aclaración que, para Gómez Benayas, "sobra".
Explicó que al párrafo tres es muy difícil que se le quiera dar carácter genérico porque hace referencia "a un caso concreto", el de la Vega Baja de Toledo.
Así, recalcó que pretenda "anular el propio sentido del artículo 21", el que hace referencia a obras en lugares con restos arqueológicos, y lo que se quiere en este párrafo es obligar al propietario hacer uso efectivo de la autorización para tener licencia.
Es una "barbaridad" si no se quiere hacer obra, dijo, que "la tenga que hacer" si hay al lado un promotor que si lo pretenda y recordó que la Junta ha gastado 60 millones de euros en comprar las parcelas, dinero que "han tenido que pagar" los castellano-manchegos para que el "grupo socialista del Ayuntamiento de Toledo se de el gustazo" de parar las viviendas de la Vega. o
Por su parte, el diputado socialista Antonio Marco señaló en su turno de intervención que la enmienda del PP es "curiosa" ya que pide suprimir "los dos puntos que se pretenden con la ley" cuando se trata de mejorar los instrumentos de la Administración para conservar el patrimonio arqueológico.
Por eso, dijo que la interpretación del PP a esta ley "no está hecha para la Vega Baja", recordando que el terreno es ya público e insistiendo en que el Ayuntamiento debería ofrecer una colaboración y que hay un presupuesto de 850.000 euros para esa excavación no para Vega Baja, aunque reconoció que las dificultades surgidas han hecho necesaria la modificación de la ley.
Indicó que "no hace falta ser un Sherlock Holmes" para saber que en esa zona hay restos arqueológicos", y aún así, criticó, se inicia un proceso urbanizador y se venden parcelas a particulares, convencido de que si hubieran iniciado la construcción "hubiesen aflorado rápidamente" los restos, por lo que hubiera sido una "imprudencia".
César Gómez Benayas, que replicó que la actual ley de Patrimonio Histórico español ya permite la acción subsidiaria, recalcó que lo que se permite es la acción de los propietarios.
La Vega Baja se "para" porque "le escocía al PSOE hasta más no poder y había que bloquearlo", reconoció, porque no se podía permitir que un alcalde del PP entregara "las llaves de 1.300 viviendas".