Un centenar de científicos exige la titularidad pública de la Mezquita de Córdoba

Un centenar de científicos exige la titularidad pública de la Mezquita de Córdoba

Firman un manifiesto en el que acusan a la Iglesia de secuestrar la memoria del monumento

La Iglesia inscribió el templo a su nombre en 2006

Cuando parecía que la polémica estaba dormida, un grupo de científicos de diez países vuelven a sacarla de nuevo a la palestra. Cien especialistas de 36 universidades de todo el mundo han firmado un manifiesto en defensa de la titularidad pública de la Mezquita Catedral de Córdoba y acusan al Obispado, su actual propietario, de "despreciar el significado del monumento" y "secuestrar su memoria". Este grupo de historiadores, arabistas, medievalistas y especialistas en arte de reconocidas universidades de España y el extranjero han suscrito un contundente manifiesto pidiendo la intervención de la administración pública para impedir la apropiación jurídica de la Mezquita Catedral de Córdoba y frenar el proceso de "manipulación histórica puesto en marcha por el Obispado en los folletos y material divulgativo que reparte a millones de visitantes cada año". En este grupo de especialistas se encuentran científicos de España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Portugal, Irlanda, Turquía, Chile, Alemania y Marruecos. El texto ha sido redactado, en concreto, por Eduardo Manzano, investigador del CSIF y reconocido experto en Al-Ándalus, y suscrito por más de 100 especialistas en la materia procedentes de diversas partes del plan, entre ellos, el francés Pierre Guichard; el catedrático de Historia Medieval Ángel Galán; el hispanista de la Universidad de Bostón Thomas F. Glick o el catedrático de Historia Contemporánea Juan S. Pérez Garzón.Todos ellos creen, y hace lo hacen saber en el manifiesto al que ha tenido acceso EL MUNDO, que "la base jurídica de la inmatriculación es muy endeble", pues "la orden dada en 1236 por el rey Fernando III no puede considerarse una donación regia, sino la cesión de un derecho de uso". Así, los científicos entienden que "un mínimo de diligencia por parte de la abogacía del Estado podría desmontar los argumentos jurídicos" y advierten de que "aún estamos a tiempo". En la declaración, los científicos acusan directa y abiertamente al Obispado de Córdoba de toda la polémica en torno a la titularidad de este bien declarado por la Unesco en 1984 Patrimonio de la Humanidad, ya que "sus decisiones unilaterales y el desprecio hacia el significado del monumento ha creado una fractura creciente allí donde existía un consenso social mayoritario". Este consenso, apuntan los investigadores, se rompe en marzo de 2006 cuando la Diócesis inmatricula la Mezquita como propiedad privada usando una "triquiñuela jurídica" sobre una "joya del patrimonio histórico español, a cuyo mantenimiento las administraciones públicas han destinado más de ocho millones de euros". Por tanto, estos consideran que un "mínimo de lealtad institucional" por parte de la Iglesia hacia estas administraciones "hubiera exigido informar a estas de lo que se pretendía hacer". 'Secuestro de la memoria'Por otro lado, los especialistas critican que a la apropiación material del edificio se le ha unido "el secuestro de su memoria". La Mezquita de Córdoba, recuerdan estos científicos, ha pasado de ser un edificio que encierra un conocimiento de primera mano sobre la historia de al-Ándalus a ser una "herramienta de iniciación para catecúmenos". Se refieren estos a que en los folletos que reciben los visitantes aflora un discurso "ramplón y exclusivista, carente de consideración hacia los valores históricos y culturales que encierra el monumento y que incluso minimiza la influencia de su poderosa concepción artística". Este grupo de expertos no solo critican a la gestión que el Obispado está haciendo de la Mezquita Catedral sino también a las administraciones públicas, a la Junta de Andalucía y el Gobierno central, porque su papel en todo este asunto "no ha podido ser más decepcionante". Se refieren estos a que tanto una como otro han dado muestras "de una desidia y falta de contundencia impropias de unas administraciones democráticas, obligadas por el artículo 46 de la Constitución a conservar y promover" el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. No obstante, el manifiesto se muestra especialmente crítico con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por haberse limitado a hacer "declaraciones altisonantes sin tomar ni una sola iniciativa seria". Esta declaración fue remitida a finales del pasado mes de julio al Obispado de Córdoba y a la Consejería de Cultura de la Junta, aunque hasta hoy no se ha producido ningún tipo de respuesta por parte de ninguna de las dos entidades.